El Gobierno aprobará este viernes su plan contra el empleo sumergido. El ministro Valeriano Gómez ha anunciado hoy que se endurecerá la inspección laboral para acabar con el empleo sumergido que no se “destape” durante los plazos que legisle el plan.
Gómez ha señalado que el objetivo primordial del plan es el de facilitar a las empresas la legalización de todos los puestos de trabajo que se están ocupando fuera de los cauces legales y sin ampararse a ningún tipo de contratación ni cotización fiscal.
Según el ministro de Trabajo, el Gobierno dará un margen para esta normalización y posteriormente “doblará” las labores de la Inspección de Trabajo y encarecerá las sanciones contra las empresas que sigan manteniendo empleo sumergido.
Para el representante del Gobierno la medida no tiene por qué asfixiar a la pequeña y mediana empresa, ya que la situación de las pymes se debe a los problemas financieros que se derivan de la falta de fluidez en el aparato crediticio.
Por su parte, las centrales sindicales de CC.OO y U.G.T. han expresado su desconfianza en el plan del Gobierno, al entender que se trata más de una medida destinada a cubrir el expediente frente a las exigencias de Europa, tras la Cumbre de Primavera.
Los sindicatos han señalado que el plan no acabará con el empleo irregular y tampoco aumentará los ingresos públicos y que además está enfocado a los empresarios y no a los trabajadores, sin aclarar la situación de los autónomos y dejando fuera el empleo doméstico y la situación de los trabajadores extranjeros, donde el trabajo sumergido es aún mayor y más drástico.
Los técnicos del Ministerio de Hacienda han realizado un informe, con motivo de este plan, en el que se ha puesto de manifiesto que el empleo sumergido en España ronda el 8% del Producto Interior Bruto, unos 82.000 millones de euros al año.
