Hasta ahora, los inmigrantes que llevaban dos o tres años en España en situación ilegal y pretendían regular su situación podían acogerse al arraigo social o laboral por haber obtenido un empleo.
Sin embargo, el nuevo gobierno del Partido Popular tiene la idea de limitar la figura jurídica del arraigo, tal y como ha expresado recientemente el presidente de la Comisión Nacional sobre Inmigración del PP, Rafael Hernando. “El arraigo no va a desaparecer, ni el social ni el laboral, pero vamos a limitarlo a situaciones excepcionales”, aclaró el dirigente popular. “El arraigo ha favorecido la inmigración ilegal y solo debería existir como sistema excepcional. Hay que limitarlo para intentar desincentivar la inmigración irregular e incentivar la circular, el retorno con posibilidad de volver”.
El objetivo de la medida es frenar las regularizaciones masivas de inmigrantes, imponiendo también un “nuevo” visado de trabajo a los extranjeros que restrinja la entrada ilegal en España. El sindicato UGT ha criticado este tipo de visado que “no garantiza los derechos de los trabajadores“, “no requiere compromiso alguno del empleador” y es “ajena al mercado de trabajo”. Podría dejar a un millón de personas en situación irregular en 2012.
UGT ha rechazado en un comunicado todas las propuestas de reforma difundidas por Rafael Hernando, y ha añadido que la filosofía de ese visado “es incompatible con la regulación de flujos migratorios laborales” acordada en el Diálogo Social. Según la opinión del sindicato el visado da al inmigrante un plazo de 3 meses para encontrar un empleo en España, y en caso de no conseguirlo deberá abandonar el país. En palabras del sindicato “coloca al trabajador en la tesitura de aceptar cualquier puesto de trabajo, con independencia de las condiciones que le ofrezcan”.
Imagen: ongvivre.org
