Rajoy detalla su hoja de ruta

El futuro presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, desgranó ayer durante su discurso en la sesión de investidura una serie de medidas que pretenden reducir el déficit público hasta el nivel exigido por Bruselas, permitir que los autónomos y las empresas tengan liquidez económica y capacidad de contratar, así como un mercado laboral menos encorsetado que en la actualidad.

Entrando más al detalle de las mismas, el líder de los populares se ha comprometido a reorganizar la función pública para hacerla más eficaz y operativa, a la vez que elimina duplicidades innecesarias en distintos servicios y consigue una administración pública más barata y cercana al ciudadano. En este sentido ha propuesto congelar la oferta de empleo público “salvo las Fuerzas de Seguridad del Estado y los servicios públicos básicos”, así como una reducción de fundaciones y empresas públicas y una reestructuración de los organismos autónomos que dependan de la administración.

En materia fiscal, Rajoy ha anunciado que las empresas pagaran el IVA cuando cobren las facturas de las administraciones públicas, y no como hasta ahora, en la que anticipaban el pago al cobro real. También ha señalado que las nuevas empresas que contraten a su primer trabajador contarán con una ayuda de 3000 euros y que se modificará el Impuesto de Sociedades, medidas todas ellas señaladas ya en su programa electoral.

En relación con la reforma laboral, solo ha anunciado que se harán los cambios que sean necesarios, preferiblemente con el consenso de los agentes sociales, pero sin claudicar a sus intereses y el traslado de los puentes festivos al lunes más cercano “con la excepción de las fiestas de mayor arraigo social”.

Rajoy también quiere elaborar un plan de igualdad contra la discriminación laboral por razón de genero y un plan de desempleo juvenil que cuente con incentivos del 100% a las cotizaciones de los menores de 30 años que consigan su primer empleo.

Otra intención del Gobierno del Partido Popular es acercar la edad real de jubilación con la legal, así como incentivar la prolongación de la vida laboral o la compatibilidad parcial de una pensión de jubilación con la continuidad en el trabajo.