Hoy es 29 de marzo, día de huelga general, y cada uno de los trabajadores del país ha tenido que elegir entre ir a trabajar o secundar la huelga.
Al final del día, Gobierno, patronal y sindicatos darán cifras dispares sobre el seguimiento de la misma. Sin embargo, en un día como hoy tanto el derecho a la huelga como el derecho a trabajar van a verse afectados, tanto por un bando, como por otro.
Por una parte, miles de trabajadores que tenían pensado hacer huelga no van a poder hacerlo, debido a lo precario de sus contratos y las consecuencias que les podría acarrear no acudir hoy a su puesto de trabajo. ¿Se estaría vulnerando en este caso el derecho a la huelga? Parece obvio que sí, pero es difícil demostrarlo.
Por otra parte, está la situación de otros miles de trabajadores que aún acudiendo a su centro de trabajo no han podido hacerlo, ya sea por los piquetes informativos, la paralización del transporte público o el corte de distintos nudos de comunicación. En este caso también se estaría vulnerando el derecho al trabajo, por lo que el solapamiento de ambos derechos hace que sea bastante difícil y muy relativo dar la razón a unos u otros.
Es cierto que hasta el momento, en días de huelga general había prevalecido el derecho a la huelga sobre el derecho a trabajar. Pero cada vez es más intensa la voz de aquellos que piden poner por delante el derecho a trabajar. El Gobierno de Rajoy está estudiando modificar la Ley de Huelga, en lo que supondría un retroceso en los derechos “ganados” en años anteriores por sindicatos y partidarios del derecho a la huelga.
Sin embargo, quizás habría que centrar el foco del debate en otro asunto. ¿Es la huelga general en pleno siglo XXI el mejor método para hacer modificar a un Gobierno su política? ¿O no deja de ser un instrumento meramente simbólico, que únicamente tenía efectos en tiempos pasados?
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