Mariano Rajoy informó ayer que el viernes, en la reunión del Consejo de Ministros, se aprobará el plan de lucha contra el fraude fiscal, que entre sus medidas más importantes incluye la prohibición de pagar en efectivo más de 2.500 euros cuando en la operación participe al menos un empresario profesional, con multas del 25% del importe hecho en efectivo.
El anuncio lo realizó durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja al responder a una pregunta de Cayo Lara, coordinador general de Izquierda Unida, en relación con la recientemente aprobada amnistía fiscal.
El Ejecutivo ya había dejado entrever que su plan contra el fraude fiscal limitaría los pagos en efectivo en algunas operaciones, aunque aún no se había precisado de modo concreto la cantidad límite para estos pagos.
La medida intenta impedir el uso de dinero negro en las operaciones comerciales y que las empresas se vean imposibilitadas a utilizar facturas falsas. La intención del Gobierno es recaudar más de 8.000 millones de euros al año con este plan.
El presidente defendió la amnistía fiscal que aprobó el Gobierno al colocarla dentro del área de la consolidación de las cuentas públicas y la consideró como una medida “extraordinaria y excepcional”, que solo servirá para este año y que fue acordada por la “dificilísima” situación en que se encuentra nuestro país, además de contribuir a aumentar los ingresos del Estado.
Además, se trata de una medida que recomienda la OCDE para este tipo de situaciones nacionales y que han utilizado otros países de nuestro entorno como Italia, que recaudó 5.000 millones de euros en 2009 y 2010.
Rajoy aprovechó para recordar que en nuestro país ya se aprobaron tres amnistías fiscales en los años 1977, 1984 y 1991, y en esas ocasiones los defraudadores no pagaron a Hacienda, mientras que ahora tributarán entre un 8% y un 10%.
