Desde hace un tiempo se venía barruntando la idea de adelgazar la Administración Pública por parte del ejecutivo de Mariano Rajoy, para adelgazar los costes salariales que generaba tener tantos empleados en nómina. El total de empleados públicos en España sobrepasa los 2,5 millones, de los que casi 1 millón son contratados laborales, trabajadores interinos y eventuales.
En ellos se centrará el nuevo tijeretazo con el que el Gobierno quiere aligerar la Administración Pública. Según fuentes de Moncloa, el recorte podría afectar a 100.000 empleados públicos, que dejarían de trabajar para la Administración Pública. En el PP son partidarios de un recorte más drástico, que podría alcanzar a 300.000 trabajadores, pero el Gobierno tiene la última palabra, y las pretensiones son en principio las de aligerar la plantilla en 100.000 trabajadores.
En todo caso, este recorte no afectará a los funcionarios, cuyo despido, además de generar un clima de inestabilidad social cuyas consecuencias serían difíciles de calibrar, supondría una merma importante en las arcas del Estado. Aún así, el panorama para los funcionarios tampoco es nada halagüeño, pues se espera que próximamente se anuncie otro recorte más a sus salarios.
El Gobierno es consciente de que la destrucción de decenas de miles de puestos de trabajo de la administración será una medida impopular, pero entiende que no hay otra opción. Considera “financieramente insostenible” la nómina de las administraciones públicas.
