Desde el Gobierno, se quiere retrasar la edad de jubilación anticipada voluntaria desde los 63 años a los 65 y lo mismo se quiere hacer con la jubilación anticipada forzosa, que pasaría de los 61 a los 63. El cambio no está previsto de una manera inmediata, sino que se quiere implantar de forma paulatina desde el año que viene y terminaría en el 2027. Estas medidas se basan en que «la prolongación de la vida laboral es imprescindible para garantizar el sistema de pensiones».
Esto lo ha explicado el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, durante la comisión del Pacto de Toledo del Congreso, en el que también se ha hablado de la compatibilidad de la pensión y del trabajo remunerado. Burgos ha señalado que «el Gobierno no tiene que afirmar permanentemente que va a cumplir la ley» en materia de revalorización de las pensiones.
De esta manera, se ha señalado que 111.648 trabajadores se jubilaron anticipadamente el año pasado y se criticó que los trabajadores con salarios altos eran los que se jubilaban anticipadamente.
Acerca de la jubilación parcial –a partir de los 61 años-, Tomás Burgos dijo que «todos sus costes recaen en el sistema de la Seguridad Social» y por ello se «modificará al alza la jornada laboral de los jubilados parciales, para evitar el abuso en los contratos de relevo e introducir coeficientes reductores». Estas medidas «no suponen una ruptura de los pilares básicos del sistema ni surgen de una repentina iluminación, ya que el sistema de la Seguridad Social necesita una permanente evaluación».
Si las personas jubiladas pudieran realizar ciertos trabajos remunerados, «ganaría la persona, la sociedad y la Seguridad Social».
