El Ministerio de Empleo ha encargado a una empresa privada la tarea de remitir las bases de cotización y la vida laboral a los trabajadores que lo soliciten, labor que hasta ahora venían realizando los empleados públicos.
El Ejecutivo español ha encargado estas gestiones a una empresa privada que cobrará 1,22 millones de euros, más IVA, por aliviar de este trabajo a los funcionarios de la Seguridad Social. Esto se ha sabido tras responder el Ejecutivo a una pregunta realizada por el diputado Cayo Lara, del grupo parlamentario de la Izquierda Plural.
La privatización supone que la empresa se encarga de la manipulación, la impresión y el envío de la documentación, durante un periodo de cinco mensualidades. Desde el ministerio se explica esta privatización en el sentido de que permite “agilizar la gestión” y “ahorrar costes“.
Los ciudadanos que precisen una vida laboral ya no podrán obtenerlo al momento, como venia sucediendo hasta ahora cuando se dirigían a una oficina de la Seguridad Social. La situación actual implica que los interesados son remitidos a esta empresa privada, a las que los ciudadanos pueden acceder mediante una página Web o un 902, con el gasto que supone, y la vida laboral le será remitida en un periodo aproximado de seis días.
La Seguridad Social envía, una vez al año, la vida laboral a los trabajadores en activo, al margen de que la hayan pedido o no, por lo que para las centrales sindicales este envío no sirve para nada, ya que, como dice Maria José Acevedo, representante de UGT Galicia en la Seguridad Social “si una persona necesita su vida laboral, le tarda una semana en llegar y si no le hace falta, le llega a casa de todas formas. En realidad no se piden tantas, por lo que parece que la Administración las envía igualmente para justificar el gasto que han hecho”.
