El ministerio de Empleo ha hecho público que los trabajadores que se han visto afectados en nuestro país por Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) hasta el pasado mes de agosto, se han reducido en un 11,1% en términos interanuales.
La cifra exacta es de 281.416 trabajadores en 2013, mientras que los 8 primeros meses de 2012 se vieron implicados en ERE 316.697 personas en España. De todos los trabajadores afectados, en lo que va de año, un 73,4% son hombres y el 26,6% restante, mujeres.
Los ERE que han desembocado en despidos colectivos han afectado a 53.752 trabajadores, las reducciones de jornada a 57.043 y las suspensiones de contrato a 170.621 empleados.
El número total de Expedientes de Regulación de Empleo que fueron autorizados fue 20.702, afectando a 16.227 empresas.
De esa cifra de ERE, 19.271 se realizaron con acuerdo entre empresa y trabajadores, mientras que el resto, 1.431, no se pudo alcanzar un pacto entre las partes para fijar las condiciones exactas.
El 60% de los trabajadores que sufrieron un Expediente de Regulación de Empleo en su trabajo, llegaron a esa situación por causas económicas de la empresa.
La reforma laboral de 2012 ha permitido que las empresas no tengan que ser autorizadas previamente por la autoridad laboral, en caso de ERE, para despedir de forma colectiva o para suspender contratos o reducir jornadas si lo consideran necesario para viabilidad de la empresa.
Lo que no ha cambiado es la obligación de consultar con los representantes de los trabajadores, periodo de tiempo que es garantizado por la autoridad laboral para asegurarse que realmente se llevan a cabo los contactos. En cualquier caso, es el empresario el que decide que solución tomar para salvar la empresa y si los trabajadores no estuvieran de acuerdo, pueden acudir a la vía jurisdiccional para intentar dar marcha atrás a esas decisiones.
